Padres rechazan orden de liberación de acusados de feminicidio por exceso de carcelería. La OCMA recoge información en despacho del tribunal para esclarecer si hubo irregularidades.
El 18 de febrero del 2020, después de 3 años y 6 meses de búsqueda, Solsiret Rodríguez fue encontrada. Su cuerpo, partes de él, estaba enterrado en distintos ambientes de la casa que Andrea Aguirre compartía con Kevin Villanueva. La activista feminista había sido descuartizada y ocultada en el mismo lugar donde ahora Andrea volverá a vivir luego de que se ejecute la excarcelación ordenada por el Poder Judicial.
Fue el juez Roberto Sucno Jara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, quien el último martes dispuso que los acusados de feminicido sean puestos en libertad al cumplirse el plazo máximo de prisión preventiva. Estuvieron presos 26 meses y cambio de su salida tendrán que pagar S/ 60.000 de caución y cumplir reglas de conducta.
Tras la decisión del juez Sucno ya no es posible solicitar ampliación de prisión preventiva o interponer recursos para evitar la excarcelación, indica Aiquipa. Solo queda esperar el fin del proceso, que ahora se encuentra en etapa de juicio oral con audiencias programadas hasta junio. “No solo hay riesgo de fuga, también que perturben la investigación porque pueden comunicarse con otros testigos o partes intervinientes”, dice la abogada.
Pese al hallazgo del cuerpo y la confesión del descuartizamiento, Andrea y Kevin aseguran que la muerte de la joven ocurrió por una caída accidental. Sin embargo, la abogada sostiene que las pruebas indican lo contrario.
Que no revelen dónde está el resto de la joven también demuestra la intención de los procesados de evitar la pena por feminicidio. “No dan la ubicación de los restos porque se estarían inculpando. Los dos se mantienen en su posición de fue un accidente. Andrea dice que Kevin se los llevó una parte, pero él lo niega”, indica.
El caso de Solsiret demuestra que una mala actuación de la policía impacta en lo que pueda recoger el Ministerio Público y el retraso en la fiscalía ata un poco de manos al Poder Judicial. El cúmulo de malas acciones que expone a los familiares a la impunidad. Es precisamente esa sensación de impunidad que incrementa el dolor que Rosario Aybar y Carlos Rodríguez vienen soportando desde la última vez que escucharon a la voz de su hija, el 22 de agosto de 2016, un día antes de que su cuerpo terminara enterrado a manos de Andrea y Kevin.
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