Ejecutivo oficializa proyecto que castigará a partes procesales, jueces, fiscales o policías que difundan información reservada. Gremios periodísticos denuncian atentado contra la libertad de información.
En la última sesión del Consejo de Ministros se aprobó el proyecto de ley que “crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”. El objetivo del Gobierno del mandatario peruano quien es investigado preliminarmente por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, es sancionar con cárcel toda filtración.
Ahora, de acuerdo a un borrador del proyecto al que accedió La República a través de una fuente del MINJUSH, las penas variarían según el rol o función de las partes inmersas en un proceso penal.
En ese sentido, se propone condenar con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años al “agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal” que difunda información reservada a “personas no legitimadas”; es decir, a terceros.
“Si la conducta descrita en el primer párrafo es realizada por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 3 años”, se lee en la iniciativa que será remitida al Congreso en los próximos días.
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